Análisis sobre el fondo de la controversia de la misma Resolución dada por el T.C., atentatoria contra los derechos fundamentales de los ciudadanos de Marcona.

Marcona: ¡La Lucha continúa!

Aquí corresponde llamar la atención sobre el pronunciamiento de la Sala del Tribunal en torno al fondo de la controversia, el cual presenta una seria deficiencia, por cuanto en el fundamento 14 de la sentencia se señala que para la resolución de la controversia va a aplicarse el test de proporcionalidad, pero en los fundamentos siguientes no se aprecia en absoluto la aplicación de esta técnica de resolución de conflictos relacionados con los derechos fundamentales; es decir, no se identifica si habría algún objetivo legítimo que justificase la medida adoptada por la municipalidad, y tampoco se analiza si dicha medida era necesaria para lograr ese objetivo. De igual forma, el fallo carece por completo de una ponderación entre los diversos intereses en conflicto (la protección del medio ambiente y los derechos de la empresa demandante). Ante la ausencia de todos estos aspectos, no queda claro qué entiende la Sala del Tribunal por “aplicación del test de proporcionalidad”.

De forma concreta, la Sala se limita a resolver el caso con dos fundamentos muy breves, en los que precisa que la Ordenanza emitida por la municipalidad demandada no respetó el marco legal relacionado con las concesiones mineras ni estableció razones técnicas referidas a la modificación de su plan de desarrollo urbano. Como se aprecia, se trata de argumentos que no se relacionan con el test de proporcionalidad y que se acercan más a una evaluación sobre la legalidad de la medida adoptada por la municipalidad demandada, antes que un análisis jurídico constitucional sobre los derechos que la empresa minera consideraba afectados (libertad de empresa, propiedad y otros).

Como señalamos al inicio, diversos conflictos sociales en el Perú tienen su origen en problemas ambientales originados por la actividad minera, siendo responsabilidad de los tribunales nacionales contribuir a su solución, con sentencias en donde queden claras las razones por las que se toma una decisión jurisdiccional al respecto. No estamos diciendo que siempre debe fallarse a favor del derecho al medio ambiente, sino que cualquier resolución de un tribunal sobre los derechos fundamentales debe estar adecuadamente fundamentada. Si los ciudadanos perciben que los tribunales emiten fallos carentes de sólidos argumentos, para dejar sin efecto medidas adoptadas por sus municipios para proteger el medio ambiente, sin duda desconfiarán del sistema de administración de justicia y buscarán el respeto y garantía de sus derechos por otras vías.

Finalmente, es importante advertir que en la parte resolutiva de la sentencia, la Sala del Tribunal se limita a declarar fundada la demanda, pero no precisa en absoluto qué medida corresponde llevar a cabo respecto al acto de la municipalidad considerado como lesivo de los derechos fundamentales de la empresa minera. En el fundamento 16 de la sentencia, la Sala se limita a precisar que la ordenanza impugnada debe ser inaplicada al caso concreto.

Fuente: Derecho Procesal Constitucional
24 de agosto del 2009